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Las asociaciones de la prensa segovianas, en contra del despido de dos redactores de ‘El Adelantado’

La Asociación de Periodistas de Segovia (APS) y la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD) -las dos entidades que reúnen a la práctica totalidad de los profesionales de la comunicación en esta provincia- han mostrado su protesta y malestar por los recientes despidos de periodistas en el diario local «El Adelantado», que abundan en «el deterioro de la situación que atraviesa el sector en Segovia», según señalan en una nota respaldada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, la Federación FESMC-UGT y la Agrupación de Periodistas de UGT.

Sobre el despedido de Juan Martín Misis, reportero gráfico, y Sergio Arribas Senín, redactor, con 23 y 20 años de antigüedad, respectivamente, la empresa alega «motivos económicos para ambos ceses, pero lo cierto es que se producen después de que ambos fuesen candidatos a unas elecciones sindicales en la empresa por el sindicato UGT y, en el caso de Sergio Arribas Senín, de que se le hubiera apartado de la sección de política municipal, en la que llevaba trabajando los últimos quince años», informa la nota.

A uno de ellos le fue notificado su despido durante sus vacaciones y, al segundo, «el domingo por la noche, al concluir la jornada laboral, sin que tuvieran la posibilidad de despedirse de sus compañeros de plantilla ni de recoger sus enseres personales».

Con dichos ceses, las asociaciones de periodistas señalan que «aumenta la precariedad laboral del resto de la plantilla». «Con una reforma laboral que facilita el despido y puede llegar a disimular la mala gestión empresarial, cabe reseñar que no se explica que se prescinda en las redacciones de personal con experiencia, para sustituirlos por recién licenciados a los que se les aplica unas condiciones de trabajo precarias, a través de empresas interpuestas», subrayan.

Precisamente en una situación de caída de ventas o pérdidas, como argumenta la empresa, «lo primero que debe primar es la calidad del producto para que resulte atractivo para los lectores, aportada por profesionales con solvencia demostrada», dice la nota. «Hay que tener en cuenta que no se trata de una industria cualquiera sino de un medio de comunicación que debe velar por el derecho de los ciudadanos a contar con una información veraz y por actuar con criterios de deontología profesional, a los que también se debe la empresa editora», resaltan.

La nota recuerda que los dos compañeros despedidos formaban parte de la redacción que, en su práctica totalidad, solicitó amparo a la Asociación de Periodistas de Segovia en defensa del derecho constitucional que poseen los periodistas, la cláusula de conciencia, y a no firmar sus artículos ante lo que consideraron una manipulación por parte de la empresa editora. En junio de 2015, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo adoptó una resolución en la que amparó a nuestros compañeros y cuyo texto dispositivo estableció lo siguiente: “Esta Comisión entiende que la empresa El Adelantado de Segovia ha vulnerado el Código Deontológico en sus artículos 2 (el primer compromiso ético del periodistas es el respeto a la verdad) y 13 (el deber de fundamentar las informaciones que difunda) al no respetar y cambiar el contenido informativo elaborado por su redacción. Las empresas de comunicación son entidades que, más allá de su naturaleza jurídica –públicas o privadas- participan en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de información, que es condición necesaria para la existencia de un régimen democrático (…) Y recuerda los artículos 8d, sobre el derecho del periodista a invocar la cláusula de conciencia cuando el medio del que dependa lesione su dignidad profesional, y el 9, sobre el derecho a ser amparado por las organizaciones asociativas frente a quienes pretendan desviarle del marco de actuación fijado en el Código Deontológico”.

Finalmente, ambas asociaciones realizan una llamada de atención a las autoridades y agentes sociales de la provincia para que reflexionen sobre la situación laboral de los profesionales de la comunicación en Segovia y los riesgos que existen para el ejercicio libre del derecho constitucional a informar y ser informado.

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