Considera una grave vulneración de los derechos de libertad de expresión e información, con un texto que supondría establecer la censura.
La Asociación de la Prensa de Madrid vuelve a exigir la supresión de la práctica de convocar ruedas de prensa sin preguntas de los periodistas.
La Federación lamenta que, ante la polémica surgida en torno a supuestos audios del excomisario Villarejo y su difusión por algunos medios, se esté desprestigiando a todo el colectivo de periodistas españoles.
Asimismo, deplora la actitud del Gobierno marroquí, que no pierde ocasión para tratar de denigrar al periodista.
Acusa al diario español de censurar una supuesta entrevista con la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.
Asimismo, reclama respeto al trabajo de los periodistas y reivindica el derecho de cualquier medio a preguntar en espacios públicos.
Ante los niveles de paro más altos que los hombres, la injustificada brecha salarial y las dificultades para acceder a puestos directivos.
La Asociación considera que la elección de los medios que realizan preguntas debe responder a criterios públicos de equidad y pluralismo.
La decisión de las autoridades chinas resulta intolerable y es un claro ataque a la libertad de expresión, propio de un sistema autoritario.
Con objeto de favorecer el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información.
El convenio obliga por ley a los empresarios de los medios a garantizar la seguridad de los periodistas cuando trabajen fuera de la redacción.
La Asociación de la Prensa de Madrid la considera “incoherente” y una forma de “fomentar el intrusismo”.
La Asociación de la Prensa de Madrid recuerda que el derecho del periodista a no revelar sus fuentes es un pilar imprescindible del ejercicio del periodismo, amparado por la Constitución española.
Todo obstáculo a esta función de los periodistas supone una vulneración de la libertad de información.
Tras informar sobre las manifestaciones que se están produciendo en la isla contra el régimen castrista.
Asimismo, reitera su defensa del servicio público que desempeña Telemadrid.
Ante la petición de la portavoz de Vox de que se cierre.
Se les acusa de un delito de “revelación de secretos”, que puede conllevar una pena de cinco años de cárcel.
