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España cae al puesto 32 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa

España cae al puesto 32 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022.

Unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión sitúan a España en el puesto 32 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El puesto 32 en la clasificación supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado (puesto 29). No obstante, la implantación de una nueva metodología por parte de Reporteros Sin Fronteras obliga a interpretar variaciones leves con mucha precaución, advierte la organización. "En anteriores ocasiones, prevalecía el análisis de la situación política y la seguridad de los periodistas, pero la nueva metodología incluye otros indicadores, como el marco legal, el sociocultural o el económico", informan. Es precisamente en este último, el relativo al contexto económico de los medios, en el que España anota su peor resultado, pese a registrar, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa. Como aspectos negativos, el Informe de RSF resalta la excesiva concentración del mercado, las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la grave precarización de los profesionales.

La precarización impacta seriamente en la libertad de prensa

La grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos, impacta seriamente en la libertad de prensa. Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura. El informe también destaca "el gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión".

En materia de seguridad de los periodistas, España (35.º) está claramente mejor calificada que Francia (85.º), Alemania (91.º) o Reino Unido (49.º). La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país.

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12.º), aunque cae por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de “problemático”. También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.

Acciones judiciales abusivas contra periodistas con fines intimidatorios

Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. El Informe de RSF destaca el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola). Del mismo modo, "es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por estos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes)". "La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa -difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos", resalta Reporteros Sin Fronteras.

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