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Organizaciones de la sociedad civil reclaman al Gobierno y grupos políticos enmiendas a la futura ley de protección a informantes

Aprobado por parte del Consejo de Ministros el proyecto de ley de protección de informantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, 25 asociaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), solicitan mejoras cruciales del texto en el proceso de aprobación final.

Access Info, Hay Derecho, Xnet, Blueprint for Free Speech, junto con miembros de la Coalición Pro Acceso, plataforma que promueve el derecho de acceso a la información de la que forma parte la APM, y Whistleblowing International (WIN), plataforma de organizaciones por la defensa de informantes, dirigen al Gobierno y grupos parlamentarios un Decálogo de recomendaciones para modificar el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El documento establece diez puntos claves para modificar con el objetivo de aumentar la protección y seguridad jurídica de estas personas.

El decálogo se suma a las alegaciones y comentarios al texto normativo enviados en la consulta abierta por el Ministerio de Justicia en marzo de este año por distintas organizaciones de la sociedad civil, incluidos miembros de la Coalición Pro Acceso, con el fin de mejorar la norma que proteja a las personas informantes.

El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 4 de marzo, reanuda este mes de septiembre su fase de tramitación hasta su aprobación de nuevo por el Consejo de Ministros. La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya una sanción para España.

El proyecto de ley ha sido aprobado en segunda discusión el 13 de septiembre por el Consejo de Ministros. La Unión Europea establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya la apertura de procedimiento de infracción para España.

Para los promotores del decálogo, la ley llega tarde, pero, además, con importantes lagunas e imprecisiones.

En este sentido, el decálogo elaborado por miembros de la sociedad civil con amplia experiencia en casos de informantes de corrupción y otros abusos, solicita mejoras en el texto definitivo como:

  • La necesidad de eliminar cualquier condicionalidad con respecto a la motivación de quien informa y ampliar la inversión de la carga.
  • Definir los conceptos de interés público y, en especial, el de represalia para evitar interpretaciones restrictivas, incluyendo situaciones como tratamiento injusto, coerción, intimidación o discriminación y eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias por la información que han revelado a lo largo de muchos años.
  • Que el informante entre en el ámbito de protección de la Ley independientemente de si mantiene o no una relación laboral o profesional con la organización sobre la que informa e independientemente de sus motivaciones, es decir, que se le aplique el principio de “creencia razonable en la veracidad de la información” tal y como establece la Directiva Europea.
  • Garantizar el anonimato y la seguridad de la persona alertadora, estableciendo características técnicas obligatorias para los canales y permitiendo, además, que elija, sin condicionantes, si informa a través de los canales internos de la organización sobre la que informa o por vía externa, como, por ejemplo, a través de la futura Autoridad Independiente de protección al informante.

Asimismo, el decálogo pide garantizar que los informantes tengan acceso a asistencia jurídica especializada y gratuita, apoyo psicológico, cobertura médica, y apoyo económico y material como regla general y no de forma excepcional como establece el Anteproyecto de Ley.

Además, solicita que se implanten mecanismos que garanticen la imparcialidad y la independencia de la futura Autoridad Independiente de protección al informante, como evitar que la Presidencia del organismo sea nombrada a propuesta del Ministerio de Justicia como recoge actualmente el anteproyecto de ley, y que rinda cuentas ante el Parlamento.
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Organizaciones firmantes:

  • Access Info
  • Blueprint for Free Speech
  • Hay Derecho
  • Xnet
  • Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
  • Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública
  • Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
  • Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
  • Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
  • Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
  • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
  • Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
  • Fundación Global Nature
  • GobiernoTransparente.com
  • Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
  • Más Democracia
  • RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
  • SEO – Birdlife
  • Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC)
  • Transparency International España

Internacionales:

  • Whistleblowing International Network (WIN)
  • Oživení z.s., República Checa
  • Pištaljka, Serbia
  • Centre for Free Expression, Toronto University
  • Open Knowledge Foundation (OKFN)

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