Nuevo informe de RSF: 'Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo'

En nombre de la seguridad nacional, los periodistas son perseguidos, encarcelados, vigilados, forzados al exilio e incluso asesinados, según la nota difundida por Reporteros Sin Fronteras (RSF), a raíz del nuevo informe publicado por esta ONG: Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo.

En línea con la Clasificación de la Libertad de Prensa 2026, este informe demuestra cómo el concepto de seguridad nacional, mucho más allá de su finalidad original, se ha transformado en una herramienta de represión contra el periodismo en todo el mundo. Analiza esta deriva mundial y formula además diez recomendaciones para proteger de forma duradera la libertad de prensa.

Condenados en nombre de la seguridad nacional

¿Qué tienen en común los periodistas Turki al-Jasser, de Arabia Saudí; Frenchie Mae Cumpio, de Filipinas o Zhang Zhan, de China? Todos ellos han sido condenados en nombre de la “seguridad nacional” entre 2020 y 2026. El primero fue ejecutado y los otros dos fueron encarcelados, simplemente por ejercer su profesión. Estos casos distan mucho de ser aislados: desde Gaza hasta Hong Kong, pasando por Moscú y Managua, cientos de periodistas se enfrentan hoy a acusaciones de terrorismo, espionaje, traición o atentado contra los intereses del Estado, cuando lo único que hacían era cumplir con su labor, continua la nota de prensa de RSF.

La multiplicación de los conflictos armados y el avance de los regímenes autoritarios contribuyen a esta deriva. El informe destaca especialmente el caso de Gaza y Cisjordania, donde el Ejército israelí detiene, encarcela y priva de sus derechos fundamentales a periodistas palestinos en nombre de la “lucha contra el terrorismo” y la “seguridad nacional”. El texto también denuncia cómo se amordaza a la prensa y se la incita a realizar un “tratamiento patriótico” de la información en la zona del Sahel. También pone de relieve la internacionalización de estas prácticas represivas, desde las leyes sobre “agentes extranjeros” inspiradas en el modelo ruso hasta los dispositivos de control digital desarrollados por China.

Esta lógica ya no perdona ni siquiera a las democracias y crea precedentes jurídicos y de seguridad que debilitan progresivamente las garantías que protegen la libertad de prensa. Cabe citar como ejemplos el endurecimiento de las sanciones a las que podrían enfrentarse los periodistas si colaboran con denunciantes en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 en el Reino Unido, la condena del periodista Juha Mäntylä en Finlandia, el escándalo de las escuchas que afectó, entre otros, al periodista Thanasis Koukakis en Grecia, o los procesos emprendidos contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos.

Acusaciones de espionaje

Estos casos ilustran una tendencia más amplia: la expansión del recurso al secreto de Estado y a la seguridad nacional como fundamento para procesar a periodistas. Las acusaciones de espionaje, terrorismo o apología del terrorismo, difusión de “información falsa” o atentado contra los intereses del Estado sirven ahora para justificar detenciones, encarcelamientos arbitrarios, vigilancias ilegales y censura. Se trata de cargos que pueden esgrimirse contra periodistas que se limitan a cubrir manifestaciones en Irán, temas de salud pública en Tanzania o que investigan cuestiones medioambientales, como en el caso de Rupesh Kumar Singh en la India o de Shin Daewe en Myanmar.

En América Latina, desde Nicaragua hasta Brasil, pasando por Colombia, México o Chile, esta instrumentalización suele inscribirse en la herencia del concepto de “enemigo interno” y adopta diversas formas: acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, vigilancia ilegal, restricciones al acceso a la información y utilización de argumentos de seguridad contra los periodistas que investigan a las fuerzas del orden, los grupos armados, el crimen organizado, la corrupción o las cuestiones medioambientales.

Claves del informe

• La seguridad nacional se desvía cada vez más de su objetivo para criminalizar el periodismo.
• Los conflictos armados son un terreno propicio para instrumentalizar la seguridad nacional con el fin de controlar la información.
• Cuando las medidas excepcionales adoptadas en nombre de la seguridad nacional se convierten en permanentes, la libertad de prensa se ve amenazada.
• Las acusaciones de terrorismo o de apología del terrorismo se han convertido en una de las principales herramientas de represión en nombre de la seguridad nacional.
• La definición de seguridad nacional varía de un país a otro, poniendo en peligro a los periodistas.
• Incluso en tiempos de paz, se invoca la seguridad nacional para obstaculizar las investigaciones periodísticas y se abusa de la vigilancia a los periodistas.
• La vigilancia abusiva de los periodistas está muy extendida, incluso en las democracias. Mientras que China cuenta con el sistema de vigilancia más sofisticado del planeta -y tiene el mayor número de periodistas presos-, la vigilancia ilegal de los periodistas aumenta en las democracias.
• La seguridad nacional se utiliza ahora de forma indebida para restringir la cobertura de temas de interés público como el medio ambiente o la salud.
• El uso indebido del argumento de la seguridad nacional traspasa las fronteras.
• La seguridad nacional se invoca para justificar la represión transnacional.
• Ante la creciente instrumentalización de la seguridad nacional, RSF hace un llamamiento para restablecer las garantías democráticas.

 Recomendaciones de RSF

Con el fin de conciliar los imperativos de la seguridad nacional con la protección de la libertad de prensa, los países democráticos deberían adoptar garantías que aseguren que cualquier restricción dirigida al periodismo siga siendo excepcional, necesaria y proporcionada. RSF recomienda las siguientes medidas:

• Adoptar una definición precisa de lo que constituye una amenaza para la seguridad nacional.
• Hacer prevalecer la excepción del interés público en los procesos judiciales basados en leyes sobre espionaje.
• Velar por que los mecanismos de lucha contra el terrorismo no se utilicen indebidamente para perseguir a los periodistas.
• Someter cualquier operación de vigilancia policial o de seguridad nacional contra periodistas, en el marco de investigaciones sobre los delitos más graves, a una autorización judicial previa y a un control jurisdiccional.
• Proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
• Velar por que los periodistas acusados de infringir la ley solo sean procesados en el marco de procedimientos penales y civiles de derecho común, y gocen de todas las garantías propias de un procedimiento regular y un juicio justo.
• Crear recursos efectivos contra los procedimientos judiciales abusivos basados en motivos de seguridad nacional.
• Preservar la libertad de prensa y los derechos de los periodistas en períodos de conflicto armado o de estado de emergencia.
• Evitar que los mecanismos internacionales de cooperación policial y judicial se utilicen para facilitar la represión transnacional de los periodistas.
• Establecer un mecanismo internacional de seguimiento y alerta encargado de detectar y denunciar los actos de represión transnacional cometidos en el territorio de los Estados democráticos.

Lee aquí el informe completo

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