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España pierde seis puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, debido al 'deterioro generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo'

30/04/2026

09:48

Escrito por: APM

Nuestro país desciende hasta el puesto 29 por el "agravamiento de la salud económica del sector y de la precariedad laboral; el 'lawfare' contra periodistas; la politización de los medios, incluidos los públicos; y el aumento de la violencia contra profesionales de los medios, especialmente las mujeres".

España desciende en 2026 hasta el puesto 29 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), seis posiciones por debajo del año anterior, con una puntuación global de 75,42 puntos (-1,93), frente a los 77,35 puntos y el puesto 23 de 2025, que fue el mejor resultado en la historia de este ranking. Este retroceso obedece a un "deterioro generalizado en todos los indicadores analizados".

La caída se explica principalmente por el "empeoramiento del marco legal, el debilitamiento estructural del indicador económico, el impacto de la polarización política sobre el contexto sociocultural y el aumento de la hostilidad hacia los periodistas, que también afecta al indicador de seguridad".

Indicador político: de la polarización a la politización de los medios

El indicador político de RSF desciende hasta los 71,25 puntos (-1,21), con una caída de dos posiciones hasta el puesto 28. Este retroceso refleja "un contexto de creciente polarización que ha derivado en una progresiva politización de los medios, incluidos los públicos. La frontera entre información y opinión se desdibuja y debilita los estándares profesionales".

Esta tendencia afecta al conjunto del ecosistema mediático, afirman desde RSF, mermando su credibilidad, e incluye a los medios públicos (tanto nacionales como autonómicos), donde la información como entretenimiento y los sesgos políticos tienden a instalarse en detrimento del rigor, la independencia editorial y el pluralismo.

Así lo han denunciado organismos profesionales como los Consejos de Informativos de RTVE, cuestionados por la presidencia de la corporación; una situación que preocupa a Reporteros Sin Fronteras y contraviene el espíritu del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), con el que se ha comprometido el Gobierno. Tampoco las radiotelevisiones autonómicas se libran de esta politización, que vulnera su misión de servicio público, erosionando la confianza ciudadana y contribuyendo a un clima de hostilidad hacia el periodismo por el que todos los medios -públicos o privados- se culpan entre sí, sin hacer autocrítica ni respetar colectivamente prácticas deontológicas comunes por el bien de la profesión.

Indicador económico: fragilidad estructural y profesión precarizada en situación indigna

Según el indicador económico, nuestro país registra uno de los descensos más acusados, situándose en 55,67 puntos (-2,39) y cayendo hasta el puesto 40 (-6), una posición que sitúa a España fuera del grupo de referencia de sus países vecinos de Europa occidental, evidenciando una debilidad estructural muy preocupante.

El sector mediático español se enfrenta a un reto existencial: la precariedad laboral está cronificada, los periodistas tienen crecientes dificultades para acceder a salarios dignos y los modelos de negocio se ven profundamente afectados por la competencia de las plataformas digitales, que han erosionado los ingresos tradicionales.

A ello se suma una alta concentración del sector y una dependencia significativa de fuentes de financiación externas, incluida la publicidad institucional, lo que compromete la sostenibilidad y, potencialmente, la independencia editorial. Este indicador continúa siendo el principal lastre estructural de España en el Índice.

Marco legal: demoras legislativas y aumento de la presión judicial

Pese a mantenerse en una posición relativamente favorable, el indicador que mide el marco legal experimenta el mayor descenso en términos de ranking, con una caída de nueve posiciones hasta el puesto 26, y una puntuación de 80,58 puntos (-2,66).

Este deterioro se explica, en gran medida, por el aumento de las acciones judiciales abusivas contra periodistas (SLAPP), utilizadas como mecanismos de intimidación. Estas prácticas no solo proceden de actores políticos o de su entorno, sino que en algunos casos vienen directamente del ámbito judicial, erosionando la libertad de información y fomentando la autocensura.

A ello se suma "la incapacidad del Gobierno y de sus socios parlamentarios para avanzar en reformas clave, como la derogación de los aspectos más controvertidos de la ley Mordaza o la revisión de los delitos de opinión". Pese al compromiso del Ejecutivo con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), su implementación sigue siendo parcial e insuficiente. Persisten déficits estructurales en temas como el organismo regulador del sector, la transparencia en la propiedad de los medios o la gobernanza de la publicidad institucional, según continúa la nota de RSF.

Contexto sociocultural: desconfianza y hostilidad hacia el periodismo

El indicador del contexto sociocultural desciende hasta los 79,04 puntos (-2,47), con una pérdida de siete posiciones (puesto 27) que refleja un cambio significativo en el entorno social. Tradicionalmente, la sociedad española ha ofrecido un contexto relativamente abierto, con bajos niveles de presión sobre los medios en ámbitos como el religioso, la igualdad o el respeto a las minorías. Sin embargo, la creciente politización del debate público y de los propios medios está generando una mayor crispación social, que se traduce en una actitud cada vez más hostil hacia la profesión periodística, una de las peores valoradas en las encuestas, con el consiguiente debilitamiento de su función democrática.

Seguridad de los periodistas: auge del acoso y la violencia digital, en especial contra las mujeres

La seguridad de los periodistas, aunque sigue siendo el indicador mejor valorado, desciende hasta los 90,55 puntos y cae siete posiciones hasta el puesto 35, confirmando un aumento de la hostilidad hacia los periodistas.

En este contexto, se observa con preocupación el auge de agitadores y activistas del ámbito de la extrema derecha, en ocasiones apoyados también por la derecha, que se presentan como periodistas, incluso en espacios institucionales como el Congreso de los Diputados. Estos actores interfieren en las coberturas informativas, hostigan a periodistas en el ejercicio de su trabajo y trasladan ese acoso a su esfera privada, contribuyendo a amplificar un clima de intimidación.

Destaca especialmente el crecimiento de la ciberviolencia y el ciberacoso, impulsado por dinámicas de polarización y amplificado por actores políticos y en ocasiones por medios afines a estas corrientes políticas. Este preocupante aumento de la violencia digital tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres periodistas, que son objeto de ataques más intensos, sistemáticos y personalizados, que en ocasiones saltan de lo virtual a lo presencial, introduciendo una vulnerabilidad adicional en el ejercicio de su profesión.

Situación internacional

Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, más de la mitad de los países del mundo se encuentra en una situación "difícil" o "muy grave". En los 25 años de historia del ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja. Arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional, erosionan desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias. El indicador legal es el que más ha bajado este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo. A nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión, según RSF.

“Al ofrecer una perspectiva conmemorativa de sus 25 años, RSF no se limita a mirar hacia atrás, sino que encara de lleno el futuro reflexionando sobre una pregunta sencilla: ¿hasta cuándo vamos a tolerar la asfixia del periodismo, la obstaculización sistemática de los periodistas y la erosión continua de la libertad de prensa? Porque, mientras los ataques contra el derecho a la información se diversifican y se vuelven más sofisticados, sus autores ya no se ocultan: los Estados autoritarios, los poderes políticos cómplices o ineficaces, los actores económicos depredadores y las plataformas que se han vuelto incontrolables tienen una responsabilidad directa y abrumadora. Ante esto, la pasividad se convierte en una forma de complicidad. Ya no basta con reafirmar principios: son indispensables políticas de protección activa, y estas deben ser impulsoras. Para empezar, hay que poner fin a la criminalización del periodismo: el uso indebido de las leyes de seguridad nacional, las acciones judiciales abusivas, las trabas sistemáticas a quienes investigan, revelan y denuncian. Los mecanismos de protección siguen siendo demasiado débiles, el derecho internacional se desmorona y la impunidad prospera. Se necesitan garantías firmes y sanciones reales. La pelota está en el tejado de las democracias y de sus ciudadanos. Les corresponde a ellos plantar cara a quienes imponen el silencio. Porque el contagio autoritario no es una fatalidad”, asegura Anne Bocandé, directora editorial de RSF.

Según el ranking, por primera vez en 25 años:

  • La puntuación media global del conjunto de los países analizados alcanza un mínimo histórico.
  • Más de la mitad de los países del mundo (52,2%) se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”. En la primera edición de 2002, eran una ínfima minoría (13,7%).
  • También en 2002, el 20% de la población mundial vivía en un país donde la situación de la prensa se percibía como “buena”. Veinticinco años después, menos del 1 % de la población mundial disfruta de esta situación favorable.

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