La FAPE rechaza la imposición de fianzas a periodistas por presuntas responsabilidades civiles en procesos de delitos contra el honor

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), mediante una nota emitida el 6 de octubre, muestra su rechazo a “la imposición de fianzas a periodistas cuya finalidad sea responder a responsabilidades civiles en delitos contra el honor o la intimidad de las personas”. Este rechazo expreso por parte de la FAPE viene precedido por la fianza de un millón de euros que el Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid ha fijado a los periodistas Carlos Dávila, en su calidad de director de la revista “Época”, y María Eugenia Viñes, que firmó el reportaje titulado “Conflicto en la separación de Doña Elena”.

Asimismo, la federación española de periodistas considera que, sin entrar a valorar la decisión judicial, “en aquellos procesos judiciales en los que el motivo de controversia sea una presunta lesión de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen, cometida por periodistas y/o a través de los medios de información -con independencia de que el proceso elegido por el presunto lesionado sea civil o penal- siempre se está produciendo un conflicto entre los citados derechos y los derechos fundamentales a las libertades de expresión y de información, conflicto que deberá ser resuelto por los tribunales de justicia”.

De esta manera, la FAPE cree que “la fijación de fianzas, a los periodistas o a los medios, para responder a presuntas responsabilidades civiles cuando la acción elegida por el presunto ofendido es una acción penal supone una carga innecesaria y nos atreveríamos a decir que injusta para quienes ejercen una labor que el propio Tribunal Constitucional ha calificado como garantía de una opinión pública libre”.

La nota recuerda que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003 estableció que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. En este sentido, la FAPE señala que “es necesario esperar a que haya una sentencia firme para que pueda ser ejecutada”. Por lo que creen que “la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una condena pecuniaria antes de haber un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, estando en clara contradicción con lo que establece la legislación en materia civil cuando declara la inejecutabilidad de las sentencias no firmes en las citadas materias”.

Por todo esto, la federación de periodistas urge, mediante la nota, que “el legislador modifique la norma legal para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil y, hasta ese momento, se hace necesario que los tribunales actúen con suma prudencia a la hora de fijar fianzas en supuestos como el de la presente nota y, en su caso, a la hora de cuantificar dichas fianzas”.