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Represalias contra la familia del preso político cubano Miguel Galván

21/05/2010

11:26

Escrito por: APM

El periodista, apadrinado por la Asociación de la Prensa de Almería, denuncia los hechos a través de Cubanet.

La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) informa de que Sureydis Echarte Galván, sobrina del preso político cubano Miguel Galván, se quedó sin trabajo por razones ajenas a su desempeño profesional, según denunció el pasado lunes desde la cárcel de Guanajay su propio tío. Galván, que es periodista y está apadrinado por la AP-APAL, a través de Reporteros Sin Fronteras (RsF-España), cumple condena de 26 años de cárcel y son innumerables las voces y organizaciones que piden su libertad por razones humanitarias, al encontrarse enfermo, además de la discapacidad que padece. Por su condición de líder sindical, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), igual que ha hecho la AP-APAL, solicitó su liberación a las autoridades cubanas.

Un correo electrónico enviado por la joven Sureydis, quien se desempeñaba como técnica de laboratorio de computación en el Instituto Politécnico de Informática República de Venezuela, en Güines, fue la causa de la medida. 

"Por órdenes de la policía política del municipio, las autoridades de Educación suspendieron el correo personal de Sureydis, y le prohibieron el uso de otros. En el fondo se trata de una represalia contra ella por mi condición de preso político", señaló telefónicamente Miguel Galván.

La medida de echar a la calle a Sureydis la puso en práctica el director del Instituto, Nelson Regueiro. Anteriormente, a la joven le retuvieron en dos ocasiones el 25 por ciento de su salario. "Ante las violaciones laborales y sindicales a que fue sometida mi sobrina, y la complicidad del sindicato, decidí denunciar el caso a través de CubaNet", expresó el periodista Galván, quien fue condenado a 26 años de prisión en el año 2003, en la conocida “Causa de los 75”.

Debido a su condición de líder sindical, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigió su liberación a las autoridades cubanas.

 

 

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