Los consejos audiovisuales autonómicos critican que la nueva ley audiovisual limita sus competencias

En relación con el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, los presidentes de los consejos audiovisuales autonómicos (Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana), Roger Loppacher, Antonio Checa y José María Vidal emitireron el 16 de diciembre un comunicado "en defensa de las competencias autonómicas y de las autoridades reguladoras territoriales en la nueva ley audiovisual".

Los tres organismos consideran que "el texto aprobado no está acorde, en lo referente al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual y no se corresponde con un estado autonómico como es el español". "El nuevo texto limita las competencias autonómicas y, por tanto, las de los consejos audiovisuales territoriales al no atribuirles ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición, ni con las plataformas de intercambio de vídeos. Un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que estos servicios y plataformas constituyen en la actualidad una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía.

Los reguladores territoriales tenemos atribuida la misión, por ley, de velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual, y limitar las competencias de estos reguladores y centralizarlas en la CNMC, como se propone en el proyecto de ley, supondría recortar su capacidad de acción y las competencias autonómicas en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural en las plataformas.

Refuerzo de los mecanismos de supervisión y control

También se considera necesario que las autoridades de regulación refuercen los mecanismos de supervisión y control de los compromisos de autorregulación, y velen por que se respeten los códigos de conducta y se adecuen a la normativa vigente.

Los retos que tenemos hoy en el ámbito audiovisual son globales y requieren, más que nunca, una actuación cooperativa de todos los organismos reguladores independientes del Estado.

Los consejos defienden que disponen de una amplia trayectoria en la regulación audiovisual y "en los últimos años ya hemos incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo en el mundo digital". Por todo ello, expresan la necesidad de establecer, como un eje básico de relación, el principio de colaboración entre la autoridad estatal y las autonómicas. Un principio de colaboración que está reconocido en el marco jurídico y es habitual entre las autoridades audiovisuales de otros estados descentralizados, como por ejemplo el alemán o el belga.

Desde el CAC, el CAA y el CACV creen en la optimización de los recursos públicos y quieren participar y colaborar, con la CNMC, en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que ya cuentan con experiencia contrastada. "Creemos que sería una mala decisión no actuar con todos los activos de los que disponemos", advierten. "Se trata de aunar esfuerzos y garantizar así una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital".

Contra el reparto competencial previsto en el proyecto de ley

En este sentido, los presidentes de los reguladores de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, cuyos territorios suman una población de más de 21 millones de personas, el 45% de la población española, no comparten la distribución competencial prevista por el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.

Por ello, instan a que durante el trámite parlamentario se introduzcan los cambios necesarios para asegurar una actuación concertada entre los reguladores audiovisuales independientes existentes en el Estado en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la protección de los menores de edad o a la promoción de obras europeas en los servicios a petición, entre otros.

"En el mundo digital, más que nunca, deben sumarse esfuerzos, no limitar competencias. Cooperar y concertar actuaciones y competencias debería ser la forma más eficiente de optimizar los recursos públicos y de garantizar la protección de la ciudadanía en el mundo audiovisual digital", concluyen.

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