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Los consejos audiovisuales de Andalucía, Cataluña y Valencia analizan el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual

Jose María Vidal, Roger Loppacher y Antonio Checa.

Los presidentes de los consejos audiovisuales de Andalucía (CAA), Cataluña (CAC) y la Comunidad Valenciana (CACV), Antonio Checa, Roger Loppacher y Jose Maria Vidal, respectivamente, se han reunido en Barcelona para analizar las consecuencias que puede conllevar el anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual, según han informado en nota de prensa.

Igualmente, los tres organismos reguladores audiovisuales han evaluado las diferentes actuaciones llevadas a cabo recientemente por estas entidades, así como otros temas de actualidad como la protección de los menores, la desinformación y la educación en comunicación audiovisual.

Respecto al anteproyecto de ley, informan de que han estudiado las modificaciones realizadas en los dos periodos de información pública llevados a cabo. Tanto el CAC como el CAA presentaron alegaciones al texto elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La futura norma, que sustituirá a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGA), supone la transposición de la Directiva Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que presenta como principal novedad la regulación de los servicios de intercambios de vídeos generados por los usuarios a través de plataformas y de las redes sociales.

Participación en el control de los nuevos servicios audiovisuales

Los tres presidentes han coincidido en reclamar que el anteproyecto incluya la participación de las autoridades reguladoras autonómicas en la supervisión de los nuevos servicios de comunicación audiovisual, como las plataformas de intercambios de vídeos, las redes sociales y las emisiones de los influencers.

Los tres organismos reguladores autonómicos consideran que la supervisión y control de estos contenidos, así como la protección de los menores antes estos nuevos servicios audiovisuales, no debe corresponder exclusivamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Subrayan que se les debe reconocer al resto de autoridades reguladoras «estas facultades de inspección sobre los contenidos que se reciben en cada comunidad autónoma, y prever mecanismos de colaboración».

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