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La PDLI señala las amenazas a la libertad de expresión en España en su balance de 2020

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) alerta de que en 2020, no solo no se han producido avances en materia de libertad de expresión e información, sino que ha sido un año con graves amenazas a estos derechos fundamentales. El balance anual de la Plataforma recuerda que en el último trimestre, hasta tres informes internacionales (de Naciones Unidas, la Comisión Europea y Unesco) señalaban límites inaceptables a la libertad de expresión que existen en nuestro país.

La pandemia del coronavirus ha tenido, también, un impacto negativo en la libertad de información en España, principalmente por las consecuencias económicas -pérdida de ingresos y de puestos de trabajo en los medios- y los déficits en transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo, la emergencia sanitaria ha demostrado, en ocasiones, la importancia del periodismo a la hora de ofrecer información útil y de interés público, desmontar bulos y vigilar la gestión de la crisis, señala la PDLI en una nota.

El balance anual de la PDLI recoge diez momentos clave:

1. El humor, la primera y útlima víctima de 2020

El año comenzaba con citación judicial al dibujante mallorquín Toni Galmés como imputado (investigado) por un supuesto delito de calumnias en un libro-cómic sobre los incidentes del referéndum del 1-O en Cataluña. Cuatro sindicatos de la Policía Nacional le habían denunciado. Asimismo, en diciembre, el Tribunal Supremo confirmaba la condena a la revista Mongolia por un fotomontaje del extorero Ortega Cano. La publicación tendrá que indemnizarle con 40.000 euros por divulgar ese fotomontaje del exmatador.

2. El ‘decretazo digital’, recurrido ante el constitucional

En enero, la PDLI junto con organizaciones de internautas y juristas expertos denunció ante el Defensor del Pueblo la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (conocida como ‘Decretazo Digital’) por considerar que vulnera derechos constitucionales. El Defensor instó al Gobierno a reformar esta norma, pero no presentó recurso contra la misma ante el Tribunal Constitucional al estar en marcha los presentados por los Gobiernos catalán y vasco.

Entre los aspectos más problemáticos de esta norma, aún vigente, se encuentran los siguientes: la capacidad del Gobierno de suspender, por criterios de orden público, el acceso a la red o a alguna de sus partes (páginas web, aplicaciones, protocolos…); la regulación mediante Real Decreto Ley sin que se dieran las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que justificarían este tipo de regulación; las amplias facultades que la norma otorga al Ejecutivo para recortar derechos en base a una redacción confusa y ambigua; y, finalmente, contempla la intervención de Internet y de las comunicaciones sin control judicial.

3. Las ‘leyes mordaza’ cumplen cinco años

En marzo las ‘Leyes Mordaza’ (la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal) cumplían cinco años desde su aprobación y acaban 2020, lamentablemente, gozando de buena salud. A pesar de que en el Congreso se presentaron iniciativas para su reforma, en lo que llevamos de legislatura no se ha producido ningún avance.

4. Agresiones a periodistas

El año pasado se produjeron incidentes relevantes contra la seguridad de los periodistas, a pesar de que la UNESCO advirtió a los Estados que las “agresiones en los últimos años contra periodistas que cubren manifestaciones o protestas en todo el mundo representan una amenaza para la libertad de prensa y una violación de normas y acuerdos internacionales”.

Entre los casos recogido por la PDLI, figura el del fotoperiodista Jordi Borrás, quien en marzo denunció que «un agente de Mossos me ha identificado mientras hacía fotos (con brazalete puesto) a un control policial en Barcelona”. Le identificaron «para que conste» y le advirtieron “que no podía fotografiar las caras de los agentes”. Asimismo, en julio, mientras informaba sobre las protestas contra la monarquía española, la Guardia Civil le quitó el movil a Mikel Urabaien, periodista de Noticias Navarra. Cortaron el vídeo que estaba grabando y no se guardó su trabajo.

La PDLI también informa de cuando el 13 de octubre los Mossos detuvieron a la fotoperiodista colaboradora de La Directa Mireia Comas, quien durante un desahucio en Terrassa, fue acusada de atentado contra la autoridad. Comas denunció que estuvo una hora esposada contra la pared. La fiscalía ha solicitado un año de prisión para la fotoperiodista y el pago de una indemnización de 170 euros por la presunta agresión a uno de los agentes.

El balance también incluye las agresiones por parte de manifestantes, como por ejemplo las sufridas por un reportero de La Sexta en una reunión de negacionistas del coronavirus, o por un reportero del diario La Razón. Además, el informe llama la atención sobre los señalamientos personales en redes sociales por parte del poder político o el acoso que sufren algunas mujeres periodistas en redes sociales.

5. Poca transparencia

La crisis sanitaria de la COVID-19 también ha provocado importantes carencias importantes respecto a la rendición de cuentas de los gobiernos estatal y autonómicos ante los medios de comunicación.

En abril, periodistas y diferentes entidades, entre las que se encontraban la Asociación de la Prensa de Madrid o la PDLI, pidieron al Gobierno transparencia y mayor equilibrio en la gestión de las preguntas de los medios en las ruedas de prensa telemáticas que se celebraban a diario desde que se decretó el estado de alarma. La presión y la mediación de la APM y la FAPE contribuyeron a que se lograse una solución más participativa, mediante el sistema de videoconferencia.

El 17 de abril, la PDLI trasladó a las organizaciones europeas de libertad de prensa (entre ellas, el ECPMF, del que es miembro) su preocupación por el deterioro de la transparencia en España a raíz de la suspensión de los plazos de la Ley de Transparencia. Según se denunciaba desde la PDLI, el estado de alarma “no debe suponer la paralización de la actividad de las administraciones públicas, y menos en funciones esenciales. La transparencia debe ser considerada prioritaria, al menos en cuestiones relacionadas con el coronavirus”. Diez días después, la Coalición Pro Acceso, de la que forma parte la Asociación de la Prensa de Madrid y la PDLI, pedía también al Gobierno “un mayor compromiso” con el derecho de acceso a la información durante la crisis de la COVID-19.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, las diferencias entre regiones en materia de transparencia han sido llamativas. Newtral realizó un estudio entre regiones y comprobó cómo los portales-web de información sobre el coronavirus de los Gobiernos autonómicos no ofrecían datos homogéneos y algunos, como en Extremadura o Galicia, ni siquiera publicaban datos epidemiológicos actualizados.

6. La desinformación como excusa

Al mismo tiempo que se producían estos límites a la transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno usaba la pandemia como excusa para amenazar el derecho a la información a través de ‘globos sonda’ que, afortunadamente, no se han trasladado de momento a proyectos normativos concretos.

De ellos, destacó el anuncio del ministro de Justicia a principios de abril avisando de reformas legales para que “no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna”, según expresó en rueda de prensa.

También fueron preocupantes las declaraciones del Ministerio del Interior sugiriendo que se estaba realizando una vigilancia selectiva de Internet para detectar “bulos” que pudieran provocar “desafección a instituciones del Gobierno” y la intencionada pregunta del Centro de Investigaciones Sociológicas (organismo dependiente del Gobierno), en su barómetro mensual de abril, sobre si “habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales”.

7. Otras leyes y proyectos que amenazan la libertad de expresión

Además del Decretazo Digital y los ‘globos sonda’ no concretados sobre desinformación, en 2020 se han aprobado otras iniciativas legislativas que pueden amenazar la libertad de expresión.

La principal, por tratarse de una iniciativa del Gobierno, sería el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que contempla la penalización de discursos que pueden estar amparados por la libertad de expresión.

8. Sentencias contra la libertad de expresión

Además de las condenas mencionadas por delitos de expresión, y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el último mes del año 2020 se conocieron dos preocupantes decisiones judiciales (cuyas sentencias aún no han sido publicadas):

El 15 de diciembre el Tribunal Constitucional fallaba que los llamamientos a «prenderle fuego a la puta bandera» en el transcurso de una protesta sindical no están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Esa misma semana este mismo Tribunal confirmó la condena a un hombre por un delito contra los sentimientos religiosos “al levantarse en un momento de la celebración de una misa, arrojar pasquines y gritar la proclama «aborto libre y gratuito» al tiempo que se exhibía en la zona del altar una pancarta en la que se leía el eslogan «fuera rosarios de nuestros ovarios»”.

Por otro lado, también en 2020 fue motivo de alarma el procesamiento, por parte del juzgado de instrucción 50 de Madrid, contra un usuario de un foro de Internet por un posible delito de injurias graves por haber realizado comentarios supuestamente denigrantes sobre una promotora en un foro, según denunció la asociación de consumidores Facua.

9. Televisiones: no avanza la reforma de RTVE y se presenta el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual

En el plano audiovisual, la principal novedad del año ha sido la presentación del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que viene a transponer, con retraso, la Directiva comunitaria de octubre de 2018 sobre esta materia. Este proyecto normativo ha sido calificado de ‘ultraliberal’ y contrario a los principios de servicio público, por parte de expertos como el catedrático Enrique Bustamante.

En cuanto a RTVE, cuya presidencia continúa en situación de interinidad, su reforma continúa en el limbo. En febrero, más de 50 organizaciones, entre ellas la FeSP y 200 profesionales, pedían al Parlamento que cumpla la ley y concluya la elección del Consejo de Administración y una nueva Presidencia de la Corporación.

10. Amenazas económicas: caída de ingresos y despidos en medios

Finalmente, una de las consecuencias graves de la pandemia para la libertad de información ha sido el impacto económico de la crisis en los medios, que ha provocado un descenso de la contratación publicitaria y despidos o expedientes de regulación de empleo en numerosos medios, como Europa Press, El Periódico, Diario de Mallorca o El Mundo, concluye el balance.

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