Organizaciones de la sociedad civil instan al Senado español a modificar el proyecto de ley de protección de los informantes
Los expertos en protección de informantes Xnet, Whistleblowing International Network (WIN), Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Free Speech han expresado en un comunicado su preocupación por la falta de "compromiso político serio" del Gobierno español para transponer la Directiva de la UE sobre la protección de informantes.
Mañana, el Senado votará el proyecto de ley de defensa de los informantes/alertadores (Ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ) aprobada el 23 de diciembre de 2022 en la última sesión plenaria del Congreso de 2022.
WIN -del que son miembros asociados activos en España Xnet, the Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Frees Speech- advierte que si se aprueba en su forma actual y sin las enmiendas que Xnet ha recomendado a los grupos políticos en el Senado, el proyecto de ley podría ser "desastroso para los informantes e incluso impugnable ante la UE".
Anna Myers, directora ejecutiva de WIN, y Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project, afirman: “Es alarmante ver que los legisladores en España una vez más no logran comprender el valor y la importancia de proteger a los informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño. Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En cambio, el mensaje para la gente de España es 'habla bajo tu propio riesgo'”.
Según la encuesta de población nacional de Blueprint for Free Speech, la mayoría de los españoles quieren protecciones reales para los informantes. Según el informe Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2022), este es el segundo año consecutivo en el que España registra un aumento de la corrupción. La propuesta de ley de denuncias que debería servir como un instrumento efectivo y progresivo para luchar contra la corrupción -prosigue el comunicado- es ahora meramente un ejercicio formal para cumplir con la transposición mínima exigida por la UE, han asegurado.
Fallas de la ley
Según WIN y Xnet, las principales fallas de la ley son las siguientes:
- La ley solo ampara la denuncia de hechos “graves y muy graves”, dejando fuera un sinfín de otras infracciones como el acoso o el abuso de poder, cuando deben incluirse todas las amenazas o daños al interés público.
- Los informantes solo están protegidos de facto si siguen los canales oficiales. Sin embargo, la Directiva no lo especifica en ningún momento. En casos de corrupción, esto puede ser una trampa. Significa que los empleados que la divulguen como parte de sus deberes laborales estarán indefensos, aunque es cuando más se necesita la verdad.
- La ley no protege de represalias a quienes divulgan información que ya está en el registro público (aunque sea parcialmente), un hecho que socava el propósito de cualquier legislación sobre informantes que es alentar y proteger el libre flujo de información para la rendición de cuentas institucional.
- No hay eliminación de la responsabilidad penal, hecho que dejaría casos como el de las tarjetas black, Antoine Deltour, Edward Snowden, Hervé Falciani y muchos otros desprotegidos o sin defensa de interés público.
- El proyecto de ley no protege a los intermediarios -facilitadores, como las ONG expertas- que son necesarios en la mayoría de los casos.
- No establece requisitos técnicos para los sistemas de denuncia y, por lo tanto, discrimina las denuncias anónimas a pesar de que el proyecto de ley hace referencia al anonimato en igualdad de condiciones.
- La Autoridad Independiente de Protección de Informantes debe recibir poderes de investigación demasiado amplios sin un mandato judicial concurrente y sin forma de revisar o apelar sus decisiones.
Se pueden encontrar más detalles de las enmiendas propuestas a la ley en el sitio web de Xnet.
WIN escribió a la Comisión Europea para advertir que el proyecto de ley de España no solo es "disfuncional" y "poco claro", sino que "viola" y corre el riesgo de "socavar" aspectos clave de la Directiva de la UE. Cuando los Estados miembros como España adoptan leyes que no protegen a los informantes como una cuestión de responsabilidad institucional y democrática, corren el riesgo de que no cumplan con los requisitos mínimos de la Directiva de la UE (2019/1937) y estén sujetos a procedimientos de infracción en virtud de la legislación de la UE. Aún más importante, no dan a las personas que hablan en interés público el poder de defenderse de manera efectiva contra las represalias de los malhechores. Esto va en contra tanto de la letra de la ley como del compromiso democrático de España como parte de la UE de proteger a los informantes de forma adecuada y eficaz, según concluye la misma nota.
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