‘La sociedad tiene que proteger a los periodistas, porque estos son saludables para la democracia’
En 1766, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en permitir la libertad de prensa, un derecho que supone que las autoridades tengan que rendir cuentas ante la sociedad y que dicha información esté a disposición del ciudadano. Esta obligación “es un ejemplo que nos ilustra de la importancia y del peso que tiene este derecho en la sociedad”, dijo Nemesio Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la conferencia “Libertad de prensa y ética periodística”, el 8 de noviembre.
El encuentro fue organizado por la Embajada en España de Suecia, en colaboración con la APM, con motivo de los 250 años de la implantación de la libertad de prensa en ese país. Lars-Hjalmar Wide, embajador de Suecia, considera que, en un contexto en el que este derecho está amenazado en muchos países del mundo, “es más urgente que nunca destacar la importancia libertad de prensa”. Para Wide, “la prensa libre es la columna vertebral de una sociedad democrática y transparente”.
Para defender a los ciudadanos de las difamaciones publicadas en los diarios, en Suecia existe la figura del Defensor de la Prensa, que está regida y financiada de forma independiente del Gobierno. Desde 2011, este puesto lo ocupa Ola Sigvardsson, quien protagonizó el encuentro celebrado en la sede de la APM y destacó la importancia de la libertad de prensa y de los periodistas para una sociedad democrática. Aseguró que “la sociedad tiene que proteger a los periodistas, porque estos son saludables para la democracia”.
Explicó que la ley de libertad de prensa de Suecia es muy amplia, por lo que para que esta se use con responsabilidad, los medios deben regirse por el Código Deontológico, que “es más estricto que la ley para preservar la libertad”, informó Sigvardsson. “Siempre que se mantengan dentro del Código Deontológico, tienen toda la libertad”, advirtió.
La labor del Defensor de la Prensa
El Defensor de la Prensa de Suecia suele recibir de media en torno a 600 quejas al año. En el caso de que proceda su trámite, su labor consiste en mediar entre el editor del periódico y el ciudadano ante una posible difamación. Si Sigvardsson encuentra que hay base para criticar a un diario, eleva su resolución al Consejo de Prensa. En caso de infracción, “el periódico criticado está obligado a publicar el veredicto del Consejo de Prensa” y se le impone pagar un pequeño “canon administrativo”. Este, además, sirve para financiar esta institución.
Sigvardsson aclaró que nunca contacta con el periodista que firma la información, sino con el editor, puesto que "en Suecia los responsables de lo publicado son los editores de los medios, no los periodistas".
Este sistema está permitiendo una reducción de las resoluciones negativas, según el defensor de la prensa, “por el alto nivel de concienciación ética de los medios”.
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