Madrid, 17 de junio de 2011.- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) celebra la aprobación por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley en la que urge al Gobierno a acelerar la prohibición de este tipo de publicidad.
La FAPE juzga esta iniciativa, aprobada por unanimidad, un paso adelante en la demanda que distintos sectores de la sociedad vienen haciendo para que desaparezcan tales anuncios, que la policía ha demostrado que son utilizados por las mafias de trata de mujeres para captar clientes.
Esta Federación siempre ha considerado que los anuncios de prostitución fomentan la explotación de las mujeres, atentan contra su dignidad y son contrarios a la función social y educativa de la prensa.
La proposición no de ley insta al Ejecutivo a reunirse con los grupos políticos para estudiar fórmulas que erradiquen los anuncios de prostitución. La FAPE insta a las partes involucradas a seguir las recomendaciones del Consejo de Estado, que apoyó el veto a los anuncios, y recuerda a los editores que se comprometieron en la Declaración de Madrid, firmada el 4 de junio de 2010, a promover “altos estándares éticos en de la publicidad”, conciliando la libertad de expresión de los anunciantes y la libertad de publicidad de las empresas.
La Declaración fue firmada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y Asociación Europea de Radios, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y la Asociación de Televisiones Comerciales Europeas (ACT) y la FAPE. Este compromiso de autorregulación ética ha brillado por su ausencia en lo que se refiere a los anuncios de prostitución.
La FAPE también exige en sus resoluciones que el Gobierno no destine publicidad institucional a los medios que incluyan estos anuncios, pero este apartado fue retirado de la proposición no de ley.
En su dictamen de marzo pasado, el Consejo de Estado sostuvo que los anuncios sexuales suponen una "desvalorización completa" de la mujer, que atentan contra su dignidad como persona, además de ser "incompatibles" con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes.
Remitido por la FAPE
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