Access Info Europe lanzó el 17 de abril “España: el COVID-19 y la información”, una guía que trata de responder a las inquietudes generadas sobre el acceso a la información y el ejercicio de este derecho, después de que la declaración del estado de alarma ha resultado en la suspensión de plazos para la Ley de Transparencia, según un comunicado enviado por Access Info.
La guía, que aborda los efectos del estado de emergencia sobre cuestiones como las solicitudes de acceso a la información, el funcionamiento del Portal de Transparencia y la contratación pública, está dirigida a periodistas, sociedad civil y ciudadanos en general, y pretende poner luz en medio del ruido mediático que se ha generado en torno a la crisis del coronavirus. De este modo, recoge cuáles son y dónde se encuentran las normas relevantes recientemente aprobadas y que afectan al uso del derecho de acceso a la información.
Access Info aclara que la suspensión de plazos no implica que no se puede presentar solicitudes de información. Ni que las solicitudes no vayan a ser contestadas, pues el Portal de Transparencia sigue funcionando. Las Administraciones pueden contestar a solicitudes relacionadas con COVID-19. De hecho, algunas Administraciones a nivel regional y local están respondiendo a las solicitudes, tales como la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia.
“El coronavirus está poniendo a prueba la capacidad de los Gobiernos para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información. Lo que estamos viendo en España con la suspensión de plazos es algo que ha pasado en la mayoría de países europeos y latinoamericanos”, explicó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info.
“Desde Access Info llamamos al Gobierno español a hacer un mayor esfuerzo para garantizar un derecho que es tan fundamental en este momento, contestando a las solicitudes relacionadas con la crisis, y publicando más y mejor información de manera proactiva”, añadió Darbishire.
Access Info Europe está presente en España a través de la Coalición Pro Acceso, integrada por más de medio centenar de organizaciones, entre ellas la Asociación de la Prensa de Madrid.
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