Las instituciones no responden al 54 % de las solicitudes de información, según Tuderechoasaber.es
Únicamente el 13 % de las preguntas obtuvo de las instituciones la información que requería el solicitante.
El informe señala que la mayor parte de las cuestiones de los ciudadanos versan sobre aspectos relacionados con la gestión de la economía –ejecución de los presupuestos y el coste de determinadas políticas- y el gasto público.
Un año después de la entrada en la agenda política de la Ley de Transparencia (el borrador se presentó el 26 de marzo de 2012), y a punto de finalizar el plazo para enmendarla en el Congreso, más de la mitad de las peticiones de información (el 54 %) enviadas desde la web Tuderechoasaber.es a los organismos españoles no recibió ninguna contestación, mientras que solo un 13 % de las solicitudes recibe la información solicitada, según el informe de 2012 de Tuderechoasaber.es que publicaron 9 de abril las organizaciones Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio.
El informe se basa en un análisis de 567 solicitudes de información enviadas entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre de 2012. Para la plataforma, los datos no solo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 46 %) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente 75 solicitudes (el 13 %) recibieron la información que se pedía; el 14 % (76 peticiones) recibió una respuesta incompleta, inadecuada o fueron rechazadas; en un 12 % de los casos (48) las instituciones afirmaron no tener la información solicitada, y en el 7 % (41) se remitió a un formulario.
“Si no se introducen mejoras, el proyecto de ley que saldrá del Congreso no proporcionará ninguna garantía nueva para el ciudadano”, valoró Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe. “Los malos resultados se repiten un año más y la futura ley, además de excluir mucha información y muchas instituciones de su alcance, no contempla ninguna medida de implementación, señaló Anderica.
Más opacidad en los organismos de ámbito local
En pleno contexto de crisis, el informe detalla que la mayor parte de las cuestiones de los ciudadanos versan sobre aspectos relacionados con la gestión de la economía –ejecución de los presupuestos y el coste de determinadas políticas- y el gasto público. El informe también destaca el crecimiento de forma alarmante de las peticiones a entidades locales, que no han recibido respuestas, el 70,15 % de las solicitudes (47 de las 67 presentadas).
El silencio administrativo impera en los partidos políticos
En el informe se advierte el uso del silencio administrativo especialmente significativo en el caso de los partidos políticos. A excepción de UPyD (en dos de tres ocasiones) ningún partido respondió a las preguntas de los ciudadanos. Las cuestiones versaban sobre su financiación, cuentas y los criterios que siguen sus nombramientos.
Por otra parte, el Ministerio de Presidencia, institución pública responsable del actual proyecto de ley, ha denegado cualquier tipo de respuesta a preguntas sobre las aportaciones ciudadanas incorporadas (o no) al texto de la ley o sobre las críticas al actual texto en los informes consultivos del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos sobre la Ley de Transparencia.
Respuestas que ahora conocemos
Tras 12 meses de vida, la plataforma Tuderechoasaber.es ha canalizado un total de de 567 peticiones ciudadanas. Debido a las que obtuvieron respuesta, se ha podido acceder al número y coste de los traductores de lenguas cooficiales en el Senado (250.000 euros presupuestados en 2012) o al coste de los comicios autonómicos en Asturias (2012) y País Vasco (2001, 2005 y 2009). También, se ha podido conocer que cerca del 50 % del presupuesto de estas elecciones se lo embolsaron los partidos concurrentes y que adelantar los comicios asturianos supuso un coste extra de 1,2 millones de euros.
Se quedaron sin contestar
Sin embargo, según se desprende del informe, las Administraciones se niegan por norma general a responder a peticiones relacionadas con gastos y ejecución presupuestaria. Así, el Congreso de los Diputados, rechazó hacer pública información detallada sobre los presupuestos 2013 de la Cámara, el Tribunal de Cuentas no informa sobre los complementos vitalicios para antiguos altos cargos de la administración y el Banco de España no contesta sobre el fondo de garantía de depósitos o el volumen de deuda pública emitida.
“Este informe es importante porque en España no contamos con mejores indicadores para monitorizar la atención de las instituciones a la ciudadanía” - explica David Cabo, director de la Fundación Ciudadana Civio.
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