La FAPE respalda a la APM en su petición al Gobierno de apoyo a Cembrero ante el acoso judicial de Marruecos
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se suma y respalda el comunicado emitido por la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que reitera su apoyo al periodista español Ignacio Cembrero, que deberá enfrentarse el viernes, día 13, en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, al juicio por la demanda civil que el Reino de Marruecos ha interpuesto contra él.
La APM considera inaceptable la demanda presentada por las autoridades de Rabat, después de que Cembrero publicara que Marruecos podía estar detrás del espionaje de su teléfono móvil, ya que su número es el de uno de los 180 periodistas espiados mediante el Programa Pegasus, que afectó a 50.000 personas de todo el mundo.
La FAPE denuncia la actitud del Gobierno marroquí que en otras tres ocasiones ha visto rechazadas sus demandas contra Ignacio Cembrero, actual redactor de El Confidencial y que posee un amplio conocimiento de la situación en el Magreb, tras una dilatada trayectoria en medios nacionales.
La APM se muestra convencida de que Marruecos intenta amedrentar e intimidar al informador y evitar que, en el libre ejercicio de su profesión, siga denunciando las irregularidades que observa en ese país.
Ante esta situación, la APM reclama a las autoridades españolas que actúen por los canales oportunos, entre ellos por la vía diplomática, para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando esta se ve atacada por dirigentes de una potencia extranjera. Lamenta constatar que, desde que se conoció la presentación de la demanda por parte de Marruecos, el Gobierno ha evitado ejercer esa defensa a cualquier nivel y ha respondido con evasivas a preguntas formuladas por varios diputados en el Congreso.
La APM recuerda que la Comisión Europea prepara una directiva para impedir el acoso judicial a periodistas y activistas por parte de empresas multinacionales y de Estados extranjeros, y que, una vez aprobada, el Ejecutivo español deberá transponerla a la legislación nacional.
Conviene subrayar que el Reino de Marruecos demandó, a finales de 2021, a media docena de medios de comunicación de Francia y a una ONG (Amnistía Internacional) por vulneración del derecho al honor. La Fiscalía de ese país recordó que los Estados no pueden ser difamados y pidió que las demandas no fueran admitidas. Los jueces siguieron su criterio y no hubo juicio.
Contenido relacionado:
Comentarios