La familia de Couso pide ayuda para presionar al Ministerio de Exteriores a que autorice el viaje judicial a Irak

La familia de José Couso pide a la ciudadanía que se ponga en contacto -ya sea por carta, fax, correo electrónico o teléfono- con el Ministerio de Exteriores español para que conceda autorizaciones diplomáticas que permitan a testigos y abogados acompañar al juez Santiago Pedraz en la comisión judicial que se desplazará próximamente a Irak, con objeto de continuar con la investigación de la muerte del cámara José Couso.

El modelo de comunicación propuesto por la familia Couso es el siguiente:

Attn.: director general para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Dirección: c/ Serrano Galvache, 26, Edificio Torres Ágora. 28033 Madrid.
Teléfono de la centralita: 91 379 97 00 / 91 379 83 00.
Fax: 91 394 86 02.
Correo electrónico: [email protected]

Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Esta organización y/o personas abajo firmantes vienen a exigir que faciliten y entreguen las autorizaciones diplomáticas que corresponden a letrados y testigos para que puedan participar en la Diligencia de Inspección Ocular que se va a celebrar los próximos días de enero de 2011 en el caso Couso.

Exigimos igualmente que otorguen la protección y amparo oportunos, tanto a la Comisión Judicial como a todas aquellas personas que se desplazan a la misma, que como deber del Estado les corresponde y del que no pueden desentenderse como han pretendido hacer estos días.

Rechazamos los intentos desarrollados hasta la fecha de tratar de eludir la investigación en el caso Couso, intentando eludir las actuaciones judiciales que en cada momento han correspondido e, incluso, teniendo actuaciones que cables diplomáticos han revelado y que anteponen otros intereses a cualquier defensa del presente procedimiento, la soberanía nacional, la independencia de poderes y la legítima exigencia de justicia ante crímenes de guerra.

Ese ministerio y todas las autoridades españolas tienen la obligación de proteger, permitir, facilitar y apoyar, no como han venido realizando hasta ahora, salvo por el poder judicial, tanto dicha diligencia como en general la lucha contra la impunidad y la defensa del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

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