El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva que protege a periodistas de las demandas abusivas
El Parlamento Europeo ratificó el 27 de febrero, con 546 votos a favor, 47 en contra y 31 abstenciones, una nueva directiva para proteger a periodistas y medios de comunicación de litigios abusivos.
La denominada ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) ofrece salvaguarda a los periodistas objeto de demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos planteados por individuos, grupos de presión, corporaciones u organismos estatales que busquen intimidarlos, silenciarlos y censurarlos a través de largos y costosos procesos judiciales.
Claves de la directiva
El texto aprobado incluye un procedimiento acelerado para desestimar los casos en la etapa más temprana, apoyo de terceros a los objetivos durante los procedimientos judiciales, sanciones para los demandantes y daños compensatorios para las víctimas.
La directiva, además, capacita a los jueces para exigir una garantía financiera a la persona o entidad que presente la reclamación abusiva con el fin de cubrir los costes del procedimiento judicial, incluidos los de la víctima, según informa EuroEfe. La misma fuente apunta que la directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales
La Federación Europea de Periodistas (FEP), a la que pertenece la FAPE, celebra la aprobación de la ley, que considera un paso importante en la lucha contra las SLAPP, pero lamenta el considerable margen de maniobra que deja a los estados miembros en varios puntos cruciales. “Los estados miembros tendrán dos años para cumplir la directiva y esperamos que la legislación anti-SLAPP se aplique a tiempo en todos los países y vaya más allá de las garantías mínimas previstas en este texto. La gravedad del problema requiere que los gobiernos europeos sean más ambiciosos a medida que las SLAPP proliferan en toda la Unión. También esperamos que la próxima Recomendación del Consejo de Europa proporcione más orientación”, ha manifestado la directora de la FEP, Renate Schroeder.
Ámbito de aplicación
La nueva ley es aplicable solo a los casos SLAPP con una dimensión transfronteriza, es decir, cuando ambas partes están domiciliadas en diferentes estados miembros, aunque la definición de “transfronterizo” se ha ampliado durante las fases finales de las negociaciones para incluir también “otros elementos relevantes a la situación”. Por ejemplo, la información de interés público publicada en un país podría considerarse un elemento “transfronterizo” en otro. Ahora, corresponderá a los tribunales nacionales y a los estados miembros aplicar dicha definición, en cada caso.
Esta incorporación a la ley fue una demanda clave de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) que, tras investigar los casos SLAPP en la UE desde 2011 hasta ahora, concluyó que menos del 10% de los casos identificados y examinados pueden considerarse transfronterizos clásicos y que, en consecuencia, una definición estricta no habría logrado contrarrestar el creciente problema.
“La responsabilidad ahora recae en los Estados miembros para construir y redactar, sobre la base establecida por la Directiva Anti-SLAPP, una legislación nacional eficaz” que incluya un amplio alcance para cubrir también los casos nacionales y que compense los daños, afirman desde CASE.
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