El Gobierno escuchará a organizaciones de periodistas y grupos parlamentarios para regular el secreto profesional

Concentración en defensa del secreto profesional ante el Tribunal Supremo el 14 de diciembre de 2018. Foto: APM

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado hoy, 23 de marzo, la disposición del Gobierno a escuchar a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), así como a los grupos parlamentarios, para avanzar hacia la regulación en una ley del secreto profesional de la profesión periodística, tal como se estableció en la Constitución hace más de 43 años.

La FAPE y el FOP, que han iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para pedirles que desarrollen esa previsión del artículo 20 de la Constitución, se congratulan de que el Gobierno esté dispuesto a abordar este tema para cumplir ese mandato, según el comunicado enviado por la Federación.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha preguntado hoy al Gobierno, en la sesión de control en el Congreso, cuándo va a remitir a la Cámara Baja un proyecto de ley orgánica que regule esta materia, “para disipar sombras e incertidumbres” en los y las profesionales de la información.

“Su carencia afecta a la formación de una opinión pública libre y al interés individual de las personas que ejercen el periodismo, cuando son llamadas como testigos en un proceso penal para que desvelen sus fuentes, o cuando son investigadas, encausadas e incluso condenadas por falta de colaboración con la justicia o por un delito de revelación de secreto del mismo sumario”, ha afirmado.

Según la nota de la FAPE, Mikel Legarda ha citado varios casos de periodistas cuyas fuentes han sido investigadas judicialmente, como la filtración de la sentencia del caso Rumasa, la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, el máster de Cristina Cifuentes, el sumario de miembros de los Comités de Defensa de la República, el requisamiento por un juez de ordenadores y teléfonos a periodistas en medios de Baleares en el caso Cursach o la petición de las fuentes a quienes publicaron la relación de bienes del pazo de Meirás.

La ministra portavoz ha coincidido con el diputado Legarda en que “tal vez, 43 años después, sería necesario que legisláramos sobre el asunto”. Ha dicho que si hay unidad en el Congreso sobre este tema y la mayoría de la profesión periodística considera necesaria esta ley, el Gobierno está dispuesto a trabajar para el desarrollo legislativo de este mandato constitucional. “Entendemos que sin periodismo no hay democracia”, ha concluido.