La APM concede amparo a la periodista Ketty Garat, de 'The Objective', tras el señalamiento por parte de Óscar Puente
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha acordado conceder el amparo solicitado por la periodista Ketty Garat, tras el señalamiento de que ha sido objeto hoy, en la red social X, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de las informaciones que viene publicando en el diario The Objective, en relación con el llamado caso Ábalos.
Esta asociación reprueba que Óscar Puente trate de descalificar las informaciones difundidas por una periodista, refiriéndose a ella, de modo despectivo, como “la inefable Ketty Garat” y afirmando que no es periodista, sino “una intoxicadora profesional”. Además, la APM rechaza que se califique de manera vulgar al diario para el que escribe como “The Ojete”, expresión que ha utilizado ya varias veces, acompañándola en ocasiones de imágenes con un contenedor de basura.
La APM considera inadmisible que un ministro que forma parte del Gobierno de España recurra nuevamente al insulto para expresar su malestar con informaciones que no resultan de su agrado o que asegura que no son ciertas. El ministro, como cualquier ciudadano, puede ejercer el derecho de rectificación, pero ha de hacerlo de manera respetuosa y sin descalificaciones ni agravios.
El señalamiento público de una periodista y del medio para el que trabaja es inaceptable en una sociedad que defiende la libertad de expresión. Se trata de una actitud que va en contra de las afirmaciones hechas desde el Gobierno al que pertenece el señor Puente en el sentido de regenerar la vida democrática.
Una vez más, la APM llama la atención sobre el peligro que supone que servidores públicos hagan este tipo de señalamientos desde las redes sociales, en las que, por desgracia, proliferan actitudes nada respetuosas con las personas.
La APM expresa su solidaridad con Ketty Garat y el respeto al trabajo que realiza, e insiste en pedir a los responsables políticos que dejen de mantener actitudes que van en contra del derecho a la información y a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos, según se recoge en la Constitución española.
Madrid, a 28 de febrero de 2025
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