Carmen del Riego: La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual debe reconocer explícitamente los derechos de autor de los periodistas
El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado por el Gobierno en febrero y ahora en trámite parlamentario de enmiendas, abre la posibilidad de que en España termine por implantarse un canon digital por cita, ya puesto en marcha en algunos países europeos. Para debatir sobre esta nueva figura, el 29 de mayo se dieron cita periodistas, editores, legisladores y expertos en el Foro "Los derechos de autor en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual", organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
La apertura del foro corrió a cargo de la presidenta de la APM, Carmen del Riego, quien recordó que la Comisión Europea ya ha reconocido al periodista como autor de los contenidos en internet. En esta recomendación, la Comisión considera que proteger “los derechos de los periodistas y garantizar que puedan decidir sobre la forma en que desean que sus trabajos sean explotados es esencial para preservar un periodismo independiente, profesional y de alta calidad”, recordó Del Riego.
La presidenta de la APM dijo que la recomendación de la Comisión Europea refuerza la reivindicación de la profesión periodística unida, por primera vez, para que en la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente en tramitación en el Congreso, “haya un reconocimiento claro y explícito de nuestros derechos de autor y garantice que los periodistas saben cómo se utilizan y cómo se explotan”. Esto, según Del Riego, “nos daría pie para negociar después con nuestros respectivos medios y beneficiarnos también de esa compensación que la ley establece”. Según denunció la presidenta de la APM, el proyecto de ley “se ha olvidado de estos derechos” y, sin embargo, sí reconoce “los derechos de edición, una compensación que los agregadores deberán pagar por el uso de fragmentos no significativos de información y opinión con autorización previa, que tendrán que negociar con las entidades de gestión de derechos”.
Para Del Riego, “un medio de comunicación es una producción muy compleja, pero que sin periodistas no sería posible y como autores que somos debemos tener el mismo derecho”.
Choque de trenes
El canon digital por cita recogido en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual provocó posiciones muy encontradas entre los editores de diarios -a favor- y los agregadores de noticias -en contra. Un verdadero choque de tenes.
Nemesio Rodríguez, vicesecretario de la APM y moderador de la mesa redonda de los afectados por la ley, recordó el informe emitido el 28 de mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que cuestiona la necesidad de imponer un canon digital y pide que deje de ser irrenunciable y se negocie entre las partes.
Para Rodríguez, todo esto “es consecuencia del afianzamiento de internet”. Ahora mismo, dijo Nemesio Rodríguez, “es un juego de niños vulnerar los derechos de los periodistas, por la facilidad con la que se reproducen y se reeditan sin control”.
El vicesecretario de la APM informó de que se ha creado la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, integrada por asociaciones periodísticas y sindicatos, para parar “los abusos de los derechos morales y económicos de los periodistas”.
Carlos Astiz, secretario general de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), afirmó estar a favor del reconocimiento de los derechos de autor y de su gestión, pero señaló “que es algo que se debe debatir y discutir, cosa que no se ha hecho”. “De repente, el Gobierno decide hacerle un regalo al grupo de los grandes diarios españoles (AEDE) y decide hacerlo de una manera chapucera y sin contar con los afectados, los usuarios ni con el resto de editores”, reclamó Astiz.
Astiz informó de que lo que pretende la nueva ley es el pago por enlace, irrenunciable y a través de una sociedad de gestión. Reticente con estas entidades de gestión, el secretario general de la AEEPP teme que esta eventual sociedad suponga “recuperar una nueva SGAE (Sociedad General de Autores y Editores)" y, en última instancia, un control acentuado del Gobierno.
También sobre la falta de discusión y debate habló Dardo Gómez, representante del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP). Gómez aseguró que esta ley “no ha nacido de forma transparente”. “Es una ley, que como la anterior”, criticó Gómez, “vuelve a caer en los mismos defectos sustanciales: no aclara quiénes son los autores”.
En la misma línea que Carmen del Riego y Nemesio Rodríguez, el representante del FOP explicó que lo que piden los periodistas es que “la ley de propiedad intelectual no sea una ley de precariedad intelectual”, y que reconozca “que los periodistas son los autores, únicos o colectivos, de los artículos, imágenes u otros materiales informativos”.
Benjamí Villoslada, socio fundador del agregador Meneame.net, se opuso frontalmente al canon digital por cita. Aclaró que su empresa “siempre ha sido un aliado de los autores, puesto que fue concebido como un lugar para dar visibilidad a blogs y a medios, enlazando así directamente a la fuente”.
Villoslada dejó clara su postura contraria a la instauración del llamado “Canon AEDE” por considerar que “limita el derecho a la cita breve en internet”, restringiendo el derecho fundamental a la libertad de expresión y “desarticulando la esencia de internet, que es la posibilidad de conversar para organizarnos”. Para Villoslada, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, tal y como está redactado, “hará inviables miles de conversaciones que hoy se producen en internet” y aseguró que la nueva ley “solo puede proponerla alguien que pretende instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista”.
A favor de la compensación económica por cita se mostró Javier Díaz de Olarte, director del gabinete jurídico de la entidad recaudadora Cedro, quien explicó que “llamemos como llamemos a la conocida como ‘Tasa Google’, es una forma legítima de aplicar el principio básico de los derechos de propiedad intelectual”. En relación con el reciente informe de Competencia que cuestiona el canon, dijo que “no es vinculante, no derrumba ni deja sin efecto la ‘Tasa Google’.
Para Díaz de Olarte, la reforma de ley beneficiaría a los titulares de derechos de las publicaciones periódicas y de los sitios web y no se trata de pagar por enlazar, sino por reproducir parte de los contenidos. También beneficiaría a los agregadores, explicó, “porque podrán utilizar de manera legal todos los medios, e igualmente a los ciudadanos porque les garantizarían un internet más seguro y más legal”.
En la misma línea que Díaz de Olarte, José Gabriel González-Arias, director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), defendió la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Aclaró que la compensación económica “no es un favor a AEDE sino a todos los medios de comunicación” y advirtió de que los editores no son contrarios a que el contenido de sus webs sea enlazado, “pero esta actividad es distinta a copiar, que es lo que los agregadores de noticias hacen”. De estos, González-Arias, criticó que “hasta ahora, podían lucrarse utilizando contenidos sin abonarles contraprestación”. También denunció que los agregadores “no realizan ningún esfuerzo creativo ni inversión para generar la información”.
Para los periodistas, esta reforma “no sirve para nada”
Teresa P. Alfageme, directiva de la APM y coordinadora del foro, fue la encargada de moderar la segunda mesa, en la que todos los grupos parlamentarios participantes se mostraron partidarios de la llamada “Tasa Google”. Juan de Dios Ruano Gómez, del Grupo Popular (GP), señaló que la nueva ley “reconocerá el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente”.
En esta misma línea, se mostró José Andrés Torres Mora, del Grupo Socialista, quien dijo que “los creadores no están recibiendo la remuneración que deberían y que otros sí se están llevando una parte grande de la producción de contenidos”. Su grupo es partidario del conocido “Canon AEDE”; de su irrenunciabilidad, porque es un derecho que emana de los trabajadores, y también “de incluir a los periodistas y fotógrafos en la compensación”.
Contrario a la irrenunciabilidad fue Chesús Yuste Cabello, del Grupo Izquierda Plural (GIP), quien estableció que su grupo político entiende “que los derechos de autor tienen que ser compensados y que los autores tienen derecho a organizarse en entidades de gestión”, pero también reconoció “el derecho de los autores que quieran organizarse individualmente o que quieran renunciar a sus derechos”.
Por su parte, Montserrat Surroca i Comas, del Grupo Catalán (CiU), señaló que su grupo está a favor del canon digital porque supone un reconocimiento del trabajo de los editores. Sin embargo, dijo que “es discutible” si solo deben recibir la compensación los editores o también los periodistas.
Finalmente, intervino Carlos Hernández-Sanjuán, asesor jurídico de la APM, que advirtió de que “desde el punto de vista de los periodistas y sus derechos de autor, esta reforma no sirve para nada”, sino que “beneficia a editores y entidades de gestión” únicamente.
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