Access Info Europe, condenada a pagar 3.000 euros de costas judiciales tras preguntar cuáles son las medidas de España contra la corrupción

La organización por la transparencia informativa señala que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirá esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La organización de derechos humanos Access Info Europe, dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo, informa en una nota que tendrá que pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción. Según la sentencia del Tribunal Supremo que cierra un caso que comenzó en 2007, “no tenemos derecho a solicitar esa información”, destaca la nota.

En consecuencia, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, informó de que ya se ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y se recurrirá esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El principal argumento que aporta el Tribunal Supremo, según la organización, es que la información solicitada por Access Info Europe sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al Gobierno y no una solicitud de información en sí. Según señala la nota, el tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

Enrique Jaramillo, abogado defensor de Access Info Europe en este caso, comentó que el problema es que la Administración no ha llegado a contestar a la organización. Es por este hecho por lo que Access Info se ve obligada a acudir a la vía judicial, “una vía lenta y costosa para todos, pero especialmente para las ONGs, para poder seguir con su trabajo”, dijo.

Jaramillo explica en la nota que el Tribunal Supremo reconoce el incumplimiento de la Administración con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial. El abogado añade que “el riesgo de tener que pagar costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información”.

A este respecto, según los estudios de Access Info desarrollados desde 2006 en España, el nivel de silencio administrativo en las solicitudes de acceso a la información a instituciones españolas es de media de un 50%.

España, en el marco de sus obligaciones como país firmante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), debe completar cada dos años un formulario de autoevaluación en el que detalle qué está haciendo para implementar las medidas para luchar contra la corrupción. Esta información en España no es pública.

“Esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción” comentó Helen Darbishire.

Access Info Europe está presente en España a través de Coalición Pro Acceso, integrada por más de medio centenar de organizaciones, entre ellas la Asociación de la Prensa de Madrid.