La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) aprobó hoy amparar al periodista Ignacio Cembrero ante la negativa del cónsul general de España en París, Javier Conde, a firmar un “acta de manifestaciones” del periodista y escritor francés Jen-Pierre Tuquoi.
En la solicitud de amparo, Cembrero señala que tenía intención de presentar dicha acta el 21 de octubre en el juicio que se realizará en Madrid por la demanda que el empresario de prensa marroquí Ahmed Charai presentó contra él y el diario “El Mundo”.
Cembrero afirma que Tuquoi no puede acudir como testigo al juicio. Por eso quiso hacer una declaración jurada ante notario, que, cuando se efectúa en un consulado, se denomina “acta de manifestaciones”.
La demanda deriva de una crónica publicada en octubre del año pasado por Cembrero en “El Mundo”, en la que se hacía eco de varios centenares de documentos y correos confidenciales marroquíes divulgados a través de Twitter. En varios de ellos, Charai hacía gestiones y viajaba a Francia, EE. UU. y el Reino Unido por cuenta del servicio secreto marroquí.
En el acta, Jean Pierre Tuquoi resaltaba la profesionalidad de Cembrero y daba crédito a los documentos marroquíes divulgados a través de Twitter, durante el otoño pasado, en los que Charai aparece como un colaborador del servicio secreto exterior marroquí. Las autoridades de Rabat no han desmentido la autenticidad de esos documentos, precisa el periodista en su solicitud de amparo.
La finalidad de las actas de manifestaciones suele ser la de querer dejar constancia fehaciente del contenido de determinadas declaraciones o manifestaciones, su fecha y la persona que la hace, dando fe el notario (en este caso, el cónsul) de todo ello, pero sin que en ningún caso alcance a la veracidad o no de las declaraciones efectuadas.
La APM considera que la negativa del cónsul a firmar el acta priva a Cembrero de un elemento fundamental para su defensa y conculca sus derechos como ciudadano español.
La APM insta al ministerio de Asuntos Exteriores a que encuentre una solución que garantice el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución, que señala que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
Madrid, 9 de octubre de 2015