La APM se adhiere al comunicado de la FAPE sobre el reparto de la publicidad institucional

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se adhiere al comunicado de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en el que reitera su exigencia a las Administraciones públicas para que el reparto de la publicidad institucional se atenga a la jurisprudencia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación es la audiencia medida de forma objetiva.

Tras la carta que le han remitido desde CTXT, Infolibre, El Salto, La Marea y Carne Cruda a la FAPE y a la APM, en la que los cinco medios firmantes consideran que “debería reclamar públicamente un reparto justo de los impuestos que pagan los y las madrileñas, así como el respeto a los más elementales preceptos de la libertad de prensa y la pluralidad de opinión”, la Federación recuerda que su última Asamblea General, celebrada en Lanzarote el pasado 15 de abril, ya aprobó una propuesta de resolución en este sentido.

La resolución, planteada por la Asociación de la Prensa de Sevilla, dice lo siguiente:

“A nadie escapa la difícil situación que atraviesan los medios de comunicación y, especialmente, el sector de la prensa, que sigue buscando un modelo de negocio que le permita su viabilidad y subsistencia. Según la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2022, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión han situado a España en el puesto 32 de este ranking, perdiendo tres puestos en relación con 2021.

Junto con los ingresos aportados por los lectores mediante el sistema de suscripción, la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación es la publicidad. No obstante, en el contexto actual de crisis económica, en el que las partidas destinadas a publicidad por parte de compañías privadas de todos los sectores se han reducido de forma drástica, y la escasa inversión que realizan se está desplazando a otros soportes digitales (redes sociales fundamentalmente), es la publicidad institucional de las distintas administraciones (local, provincial, autonómica y nacional), la que sostiene a la mayoría de los medios, en muchos casos, otorgando estas ayudas discrecionalmente y sin criterios objetivables, y, lo que es más grave, sin publicar el reparto como marca la Ley de Transparencia. Un trato desigual en el reparto de la publicidad institucional entre medios que se encuentran en una situación equiparable constituye una discriminación prohibida por el artículo 14.1 de la Constitución Española, por lo que éste debe ser absolutamente ecuánime, justo y transparente con el objetivo de garantizar la pluralidad, fundamental para el buen funcionamiento de una democracia.

Por lo anteriormente expuesto, la FAPE acuerda:

• Exigir a las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas.
• Instar a las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o por promover informaciones falsas.
• Demandar a las empresas periodísticas que exista una clara diferenciación entre lo que es información elaborada por los profesionales de la redacción de otros contenidos netamente políticos que se presentan como información cuando realmente es propaganda institucional. Los usuarios han de ser capaces de reconocer visualmente aquellos contenidos que están consumiendo para preservar la credibilidad de las informaciones”.