La APM respalda el documento de editores y periodistas contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) respalda el documento firmado por editores y periodistas el 23 de junio en contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedirá fotografiar a personas que presuntamente han cometido un delito, en el momento de ser detenidas o trasladadas por las fuerzas de seguridad, aunque sean hechos de interés para la ciudadanía.

La APM se opuso desde el primer momento a tales normas. En un comunicado del pasado día 3 de junio, la APM consideró que la reforma vulnera el derecho constitucional a la información, ya que lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general.

La APM también subrayó que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se considerarán, con carácter general, como intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

La APM recuerda, igualmente, que el próximo día 1 de julio entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que impone sanciones a la toma de fotografías o a la grabación de agentes y fuerzas de seguridad, imposición totalmente rechazada por esta asociación.

El documento de rechazo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está firmado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la que la APM es la principal asociación,  la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los colegios profesionales de periodistas Andalucía, Asturias, Castilla y León,  La Rioja,  Murcia y País Vasco.

 El texto completo es el siguiente:
 
                                                         Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
 
El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  que seguirá su tramitación en el Senado,  en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detenciones que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
 
Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión.  En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.
 
Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa,ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.
 
Además,  de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves,  en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana,  recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión  del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
 
Inquieta que la redacción  del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.
 
Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.
 
Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales  y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamos que los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de la Cámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Diputados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos reciban una información sesgada e incompleta.