Con la entrada en vigor de la “ley mordaza”, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre

La entrada en vigor, el 1 de julio, de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, supone un serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de todo sistema democrático.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reitera su rechazo a la “ley mordaza”, como ya hizo cuando se aprobó en el Congreso con los únicos votos del Partido Popular, el pasado 26 de marzo,  sobre todo en lo referido a la sanción de la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Se califica como infracción grave y se penalizará con multas de un máximo de 30.000 euros “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

La APM vuelve a recordar que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capture durante un acto público o en lugares abiertos al público.

La APM subraya que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y la previene contra posibles abusos de poder, procedan de donde procedan.

La APM considera que es deber del Gobierno crear las condiciones que permitan y garanticen el ejercicio de tales derechos constitucionales, que amparan tanto el ejercicio profesional del periodismo como el derecho del ciudadano a tener conocimientos de los hechos de interés general y público.

La APM deplora que el Gobierno haya tomado el rumbo contrario al promover normas que plantean serias amenazas a tales derechos, además de un horizonte de sanciones que pueden derivar en intolerables presiones a los medios.

Con la entrada en vigor de la “ley mordaza”,  el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre que antes. Y la situación puede empeorar si, finalmente, se aprueba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impedirá la toma de imágenes a detenidos. La APM rechaza esta norma porque vulnera el derecho constitucional a la información, ya que pretende ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general.

Madrid, 30 de junio de 2015