Las imágenes polémicas son de Mariano Rajoy, y fueron realizadas durante un Pleno del Congreso.
La Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) y Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) ponen de manifiesto, mediante una nota, su rechazo "inequívoco y contundente" de las informaciones y afirmaciones que acompañan al “combo” de fotografías del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, realizadas y distribuidas durante el pleno extraordinario que se celebró el 11 de enero de 2012. Según la nota, varios medios están publicando dichas fotografías afirmando que “se trata de una venganza de los fotógrafos del Congreso, ante la instrucción decretada por la Mesa del Congreso en días atrás”.
El SPM y la ANIGP-TV manifiestan que:
- Las fotografías son atribuibles única y exclusivamente al autor/a de las mismas. El medio de comunicación que publica dichas imágenes es el responsable de dicha publicación. En ningún caso se debe de pluralizar dicha responsabilidad.
- El colectivo de informadores gráficos, representados por las organizaciones y el sindicato profesional, rechaza la instrucción de la Presidencia de la Cámara por considerar que no se atiene a derecho. Así se le hizo llegar en un escrito, argumentado,por diferente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la Mesa del Congreso y a la propia Presidencia, en una reunión mantenida a principios de esta semana, cuenta la nota. Tras dicha reunión, los representantes del colectivo de fotoperiodistas, acordaron con el presidente de la Cámara, someter a estudio su propuesta de abrir una mesa de diálogo para modificar dicha norma.
Tanto el SPM como la ANIGP-TV, representantes mayoritarios de los fotógrafos de prensa, consideran, por tanto, que la afirmación de que “se trata de una venganza de los periodistas gráficos” es una afirmación carente de fundamento y rigor ya que ninguna de las dos organizaciones ni los informadores que asistieron ayer a cubrir el pleno ha sido consultados por los medios que difunden estas afirmaciones.
Ambos organismos señalan en la nota que quieren recordar que el derecho a la información, tanto a emitirla como a recibirla, es un derecho fundamental del Estado de Derecho, respaldada por la Constitución Española, y que es de obligado cumplimiento el ofrecer a la opinión pública una información veraz y contrastada, concluye la nota.
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