La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) examinó hoy, 24 de febrero, la situación en RTVE después de la entrega en el Congreso de un documento con 2.225 firmas de trabajadores del ente exigiendo “medidas urgentes” que garanticen una radiotelevisión pública plural, imparcial y defensora de los valores constitucionales.
La Junta Directiva constató que en estos momentos de ataques al derecho a recibir información veraz y contrastada, como son las mentiras prefabricadas y las noticias sesgadas que sirven a intereses opacos en este mundo globalizado, una radiotelevisión pública plural e imparcial es más necesaria que nunca para contrarrestar tales amenazas.
Por lo tanto, la APM insta a los grupos políticos con representación parlamentaria a garantizar cuanto antes la independencia y profesionalización de RTVE y les recuerda que adquirieron firmes compromisos electorales de trabajar en defensa de una radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.
Creemos imprescindible la despolitización de la radiotelevisión pública, de modo que se asegure su neutralidad y se ponga fin de este modo al continuado cruce de acusaciones de partidismo que jalonan su historia.
La APM siempre ha defendido que la gestión tanto de RTVE como del resto de medios públicos debe encomendarse a profesionales independientes, ajenos por completo a los partidos políticos, nombrados por sus méritos profesionales y su conocimiento del sector.
Para cumplir sus fines de servicio público, estos medios deben contar con una financiación suficiente, proporcional y estable que permita ofrecer una programación de alta calidad, al margen de consideraciones comerciales o influencias políticas, y responder a las demandas de la era digital.
Este nuevo marco debe incluir también que los responsables de estos medios rindan cuentas de su gestión periódicamente, en aras de la máxima transparencia que exige saber el uso y destino de los recursos públicos.
La APM estima que estos principios y fines deben regir en todos los medios públicos, ya sean estatales o autonómicos, a fin de evitar que se conviertan en plataformas de propaganda de los partidos en el poder.