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Un juzgado de Barcelona reconoce el derecho de la propiedad intelectual a un grupo de fotógrafos

24/05/2018

12:23

Escrito por: APM

Se condena a la persona que pretendía subastar un archivo fotográfico sin autorización de sus autores a 5 meses de prisión, 10 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y al pago de 5.000 euros de indemnización a cada denunciante.

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre que trató de sacar a subasta, en 2011, un conjunto de fotografías de varios profesionales sin su consentimiento. La sentencia condena al acusado como autor de un delito contra la propiedad intelectual en grado de tentativa (la subasta no llegó a realizarse) a la pena de 5 meses de prisión y 10 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria. Además, a petición de la acusación particular, se le condena al pago de 5.000 euros de indemnización por daño moral a cada uno de los seis denunciantes (Gervasio Sánchez, José Manuel Navia, Juantxu Rodriguez, Javier Rodríguez, Juan Carlos Barberá y Carlos Carrión). Asimismo, se le condena a devolver a los mismos dichas obras, así como al pago de las costas de la acusación particular.

El caso se remonta al año 2011, cuando el grupo de fotógrafos mencionado se percató de que una casa de subastas de Barcelona iba a subastar, el 24 de noviembre de 2011, entre sus lotes un “enorme conjunto de diapositivas, procedente de una publicación madrileña, compuesto por miles de imágenes realizadas, mayoritariamente, en Madrid entre 1990 y 1994", al precio de salida de 10.000 euros. Tras la negativa de la casa de subastas de detener la subasta, el grupo de fotógrafos interpuso una denuncia en la Brigada de Delitos contra el Patrimonio y la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional, que detuvo la subasta. Tras esto, se procedió a localizar al vendedor que afirmó haber adquirido el archivo fotográfico a la propietaria de un piso abandonado por lo anteriores inquilinos, una agencia de comunicación ya desaparecida, a finales del siglo pasado, por 26.000 pesetas. En su defensa, el acusado aseguró que las obras fotográficas eran copias y que, aún en el caso de ser originales, no podía haber delito contra la propiedad intelectual puesto que se estaban vendiendo como objetos, pero no se ofertaban los derechos de reproducción.

Conocida la sentencia, los fotógrafos señalan que “los más de seis años que ha durado el procedimiento han supuesto un gran sacrificio, tanto por el tiempo empleado, como por el desgaste anímico y económico, pero finalmente se ha alcanzado el objetivo: defender nuestros derechos y reivindicar nuestra condición de autores y de titulares de derechos de propiedad intelectual, frente a una situación completamente injusta y especulativa”. Además, añaden, “creemos que es de especial relevancia no solo para nosotros, sino para toda la profesión, muchos de cuyos miembros nos mostraron en todo momento su apoyo. Este acto de justicia es, por tanto, motivo de satisfacción para todos”.

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