Reporteros sin Fronteras, en contra de prohibir la toma de imágenes de la policía en manifestaciones

Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifiesta, en una nota, su preocupación por las recientes declaraciones del Ministerio del Interior sobre una posible reforma de la ley de seguridad pública, que contempla la posibilidad de prohibir la captación, reproducción y el tratamiento de imágenes y sonidos que conciernan a las fuerzas del orden publico en el ejercicio de sus funciones, si esto pusiera en peligro su vida o comprometiese las operaciones en curso.

Según señala la nota de RSF, desde el Ministerio del Interior se niega cualquier violación a la libertad de información. El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, ha declarado que las modificaciones que aportaría la ley están más dirigidas, sobre todo, a la difusión de vídeos por los internautas que a los periodistas. Otro alto funcionario del Ministerio del Interior también ha manifestado, en una entrevista con el diario El País, que el objetivo no es impedir que la prensa haga su trabajo: "No pretendemos que la prensa no pueda hacer su trabajo, que tome imágenes de cargas policiales u otras actuaciones, pero entendemos que en operaciones antiterroristas o en contra de las mafias hay que tener un criterio de mayor cuidado al difundir las imágenes", recoge la asociación de reporteros.

Reporteros Sin Fronteras se opone firmemente a este proyecto de reforma de la legislación y exige que el Ministerio de Interior abandone todo intento de mermar el derecho legítimo de los medios de comunicación o de los ciudadanos a cubrir los acontecimientos que tengan lugar en la vía pública y que son de interés público. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho a la libertad de expresión (artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre) y hace prevalecer la libertad de expresión sobre cualquier otra consideración cuando se trata de informar de temas de interés general. Los periodistas puedan filmar o fotografiar a manifestantes y fuerzas de seguridad sin que esto entre en conflicto con el derecho a la intimidad o a la imagen", recuerda la organización.

"¿Necesita el gobierno español, al igual que el griego y el francés, prohibir la captación de imágenes o reducir la actividad de los periodistas y manifestantes para garantizar la seguridad pública? En Grecia, como en España, la policía reacciona cada vez peor a la presencia de cámaras, que a menudo resultan incómodas y sirven como pruebas en las denuncias presentadas por las víctimas de los excesos policiales. Se puede entender que la presencia de tales pruebas no sea del agrado de las autoridades, pero las iniciativas deben estar dirigidas a los actores de los abusos y no a los testigos", afirma Reporteros Sin Fronteras.

La organización también recuerda a las autoridades españolas que el derecho a recoger y difundir información está garantizado a todos los ciudadanos por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Si reconocemos abiertamente, sin dar lugar a ningún tipo de ambigüedad, el valor de los periodistas profesionales para informar, el ejercicio de este derecho no pertenece solo a estos profesionales, sino a todos ciudadanos. Los internautas tienen los mismos derechos que los periodistas para difundir imágenes tomadas en la vía pública", afirma RSF.

Finalmente, Reporteros Sin Fronteras traslada su preocupación a las autoridades españolas por el ejemplo que pueden suponer estos cambios legislativos para gobiernos mucho menos respetuosos con la libertad de prensa. Los países europeos dictan poco a poco las pautas a seguir para garantizar las libertades públicas, y, muy en concreto, la libertad de información. El Gobierno español no puede ni debe perder de vista esta dimensión cuando trabaja con estos temas, concluye la nota.